ATE convocó a una jornada de huelga el 25 de junio y a un abrazo simbólico el 18, en respuesta al desfinanciamiento del hospital pediátrico, la falta de diálogo con el Gobierno y la crisis institucional interna
En el marco de los despidos en el Hospital Posadas y las amenazas de sanciones a quienes movilicen por el desguace del Hospital Garrahan, los profesionales advirtieron que realizarán un nuevo paro el próximo 25 de junio, convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a distintas actividades que pretenden elevar el reclamo ante la baja presupuestaria del sector.
Además del paro previsto para el 25, habrá un abrazo simbólico al hospital el 18 de junio. No solo reforzarán el reclamo salarial, sino también la falta de voluntad política para retroceder con el vaciamiento. En esa línea, ATE señaló que la situación se agravó luego de que la presidenta del Consejo de Administración renunciara a su cargo.
Sin embargo, según ATE, la demanda central radica en el salario mínimo. En tanto, exigen que este se equipare al valor de la canasta familiar, estimado en 1.800.000 pesos. Desde el sindicato responsabilizan directamente al gobierno de Javier Milei por no ofrecer soluciones ni mostrar disposición al diálogo. Denuncian también condiciones de trabajo cada vez más críticas.
La decisión se enmarca luego de la última audiencia en la Secretaría de Trabajo, que no arrojó resultados, debido a que el Gobierno nacional no asistió a la reunión, tal como relató el secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich. Así, la asamblea de trabajadores resolvió intensificar las medidas.
“El futuro de la salud pública está en juego”, advirtió Oroz, otro de los voceros gremiales, y planteó que la pelea no es sólo sectorial, sino que, está en disputa el modelo de atención en salud para toda la población.
Lipcovich, por su parte, valoró que “la unidad entre trabajadores y trabajadoras de todos los sectores es cada vez más sólida”, así como “el apoyo popular” que se le dio a los trabajadores de la salud.
En paralelo, el Ejecutivo sostiene que las medidas violan la conciliación obligatoria dictada semanas atrás. Por eso, las autoridades de la Institución alertaron que aplicarán sanciones económicas para los trabajadores que participaron en los paros. “La lucha continúa”, aseguraron los gremiales.
